El poder del ciudadano

13/09/2016

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Más de 3.400 millones de personas acceden a internet. Cada día suben más de 350 millones de fotografías y cada minuto realizan 2,5 millones debúsquedas. La cantidad de datos generados en los últimos dos años supera a los creados previamente en la Historia de la humanidad y de un porcentaje nada desdeñable de esa información se podrían inferir datos personales. Quiénes somos, qué hacemos, lo que nos interesa, lo que nos gusta. Se estima que la tecnología para el análisis de gigantescas cantidades de datos (big data) moverá más de 60.000 millones de euros en 2020. Con estas cifras, no es extraño que se hayan comparado los datos personales con “el petróleo del siglo XXI”.

Que el ciudadano disponga de información sobre quién está recogiendo qué datos sobre él, con qué finalidad se van a utilizar o si van a ser cedidos a terceros son aspectos básicos de la legislación sobre protección de datos aplicables a todo tipo de empresas y entidades. En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como organismo de control en España, tiene, por un lado, la función de concienciar a los ciudadanos sobre los derechos que les asisten y cómo ejercerlos y, por otro, trabajar con las empresas y organismos que tratan datos para concienciarles de las obligaciones que deben cumplir, además de actuar frente a ellos en caso de posibles vulneraciones de la ley.

El desarrollo, la implantación y la utilización de las nuevas tecnologías conlleva unas ventajas indudables para nuestro día a día, pero la experiencia ha demostrado que también albergan riesgos relacionados con el derecho fundamental a la Protección de Datos. El hecho de incorporar la protección de datos a la cultura empresarial -constituido como un pilar en el Reglamento europeo de protección de datos que será de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018- puede convertirse en un activo importante para las organizaciones. Si bien en ocasiones se ha difundido interesadamente que la privacidad ha muerto y que el que no tiene nada que esconder no tiene nada por lo que preocuparse, hay numerosos indicadores de lo contrario. Además de las más de 200.000 consultas que se recibieron el año pasado en la AEPD, la última encuesta realizada por la AIMC reveló que ocho de cada 10 personas estaban preocupadas por el uso que se pudiera hacer de los datos personales que publican en internet. El avance de la economía digital no puede permitirse que esa preocupación derive en desconfianza, por lo que cada empresa que trata datos personales debe ser transparente con sus usuarios, informándoles claramente de qué datos recoge y cómo los va a utilizar. El fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico no puede hacerse en ningún caso de espaldas a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estos, por su parte, también deben tener un papel activo en la protección de su privacidad, ya que su conducta puede marcar la diferencia. Es necesario que los ciudadanos sean conscientes de que la información que publican puede difundirse con rapidez y facilidad más allá de lo previsto. Por eso es tan importante valorar qué información o imágenes se comparten en redes sociales o leer las políticas de privacidad para saber qué permisos se conceden a una empresa al utilizar sus servicios, entre otros aspectos. Igual que en el mundo offline no responderíamos ciertas preguntas sin saber quién va a acceder a las respuestas y cómo va a utilizar esa información, el comportamiento básico en el mundo online debe ser el mismo.

Frente a aquellos que consideran que la pérdida de nuestra privacidad o la falta de control sobre nuestros datos no debe preocuparnos, que es el precio que hemos de pagar por los servicios que se nos ofrecen, cabe aseverar que el principio de autodeterminación informativa, como poder de disposición del individuo sobre la información que de él se genera, sigue plenamente vigente.

Fuente: El Mundo.es

 

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