LA MODA DE LA VIDEOVIGILANCIA MULTIPLICA LAS MULTAS POR VIOLAR LA INTIMIDAD DEL CIUDADANO
Extraído de: IDEAL
Sembrar cada esquina de un negocio con un sencillo sistema de mini cámaras que, conectadas a una dirección de Internet, permiten visualizar el espacio desde un ordenador ubicado en cualquier lugar está de moda y cuesta muy poco, pero pocos tienen en cuenta que el recurso puede llegar a costarles muy caro. Mínimo, el doble de lo que vale un dispositivo básico si son sancionados por violar el derecho a al intimidad y la propia imagen del ciudadano de a pie al no estar adaptados a la normativa que regula el tratamiento de esta información personal. Y cada vez están siendo multados con más frecuencia.
Expertos juritas en Ley de Protección de Datos (LOPD) auguran un incremento considerable de las multas impuestas por la Agencia Estatal dedicada a velar por este derecho ante el desconocimiento generalizado que existe sobre la obligación de legalizar estos sistemas. Hasta hace poco, la actividad del citado organismo era escasa, pero desde hace tres años la Agencia ha incrementado en toda España su actividad sancionadora en un 50%.
En el último año se realizaron en todo el país 1300 inspecciones de este tipo a petición popular. El ejercicio de la tutela de derechos ciudadanos vulnerados, al detectar irregularidades la propia agencia, sin especificar si llegó a sanción o no también confirma esta tendencia alcista.
Las comunidades de vecinos y las pequeñas empresas son los colectivos más sensibles a ser denunciados y sancionados en esta nueva etapa. Cabe destacar que el ciudadano tiene derecho a exigir porqué se le graba y que su imagen se elimine en caso de querer ejercitar sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que están recogidas por la normativa en Protección de Datos.
Las sanciones por no cumplir la normativa a rajatabla pueden oscilar entre los 600 y los 60.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
La adaptación a la Ley de Protección de Datos por parte de numerosas empresas e instituciones que manejan una cantidad ingente de información personal – clínicas, despachos de abogados, bancos, etc.- es un campo en el que queda mucho camino por recorrer. Según los últimos datos publicados por la AEPD, en concreto en Granada, sólo un 10% de las entidades privadas registradas habrían emprendido el proceso de adaptación de sus ficheros de datos a esta ley, que gana peso cada día.
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